La pandemia de Covid-19 reavivó en la opinión pública, con una intensidad sin precedentes, una vieja idea: que la clase política es incompetente ante la compleja gestión de asuntos que solo los científicos dominan de verdad. La idea explícita es entonces que habría que poner las riendas de la política en manos de expertos y sabios. Es una idea antigua, de la que encontramos formulaciones muy contundentes, por ejemplo, en Platón y Jenofonte o, más recientemente, en Francis Bacon (1551-1626), con su Nueva Atlántida (1626).
Sin embargo, nuestra manera contemporánea de concebir esta tensión entre la clase política y la clase científica se remonta en realidad —y, por lo general, sin que siquiera lo sepamos— a un pensador mucho más reciente: Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825). Pronto enfrentado a la aristocracia de la que procedía, hombre de intereses muy diversos apasionado por la ciencia y la filosofía, enrolado a los 17 años en el ejército que liberó Estados Unidos junto a La Fayette (1757-1834), donde fue hecho prisionero por los ingleses, sin dinero antes de la Revolución y después riquísimo gracias a hábiles especulaciones con los bienes de la Iglesia, Saint-Simon fue autor de una obra monumental. Él, que concebía su enriquecimiento no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la suerte de la nación —mediante la ciencia y la industria—, imaginó una reforma completa de la política en L’Organisateur, una obra publicada entre noviembre de 1819 y febrero de 1820.
¿Quién debe gobernar legítimamente? ---------------------------------
Desde las primeras páginas, Saint-Simon expone lo que se ha conocido como la «parábola de Saint-Simon» (véase el recuadro). Consta de dos partes. La primera imagina una Francia que perdiera de repente a sus 3 000 mejores ciudadanos productivos: físicos, matemáticos, artistas, ingenieros, comerciantes, agricultores, obreros… Sería una catástrofe de la que la nación tardaría más de una generación en recuperarse, pues habría que formar una nueva élite.
La segunda imagina, esta vez, la pérdida de sus 30 000 ciudadanos más importantes en la jerarquía social: ministros, obispos, funcionarios y los ciudadanos más ricos. Concluye que «no se derivaría de ello ningún mal político para el Estado»!