Dotación global de funcionamiento: ¿qué es eso?
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Los municipios y las entidades intermunicipales viven de los impuestos locales que pagan los habitantes y los propietarios (impuesto sobre la vivienda, sobre inmuebles edificados y no edificados) y de la contribución económica territorial (abonada por las empresas), que sustituyó al impuesto profesional. Una parte importante de sus recursos procede también del Estado. La principal, la dotación global de funcionamiento, se remonta a la descentralización aprobada en 1982, que transfirió numerosas competencias a los municipios compensando los costes derivados de ello (de manera insuficiente, opinan muchos cargos electos). Posteriormente se fueron sumando numerosas reformas sucesivas de esta dotación, hasta el punto de que su cálculo se ha vuelto tan sofisticado que ya nadie sabe explicarlo; era necesaria una reforma…
Dotaciones y desigualdades
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El Parlamento aprobó en 2015, en el marco de la ley de presupuestos aplicable al año siguiente, una reforma de la dotación global de funcionamiento. Al parecer, en aquel momento ni los diputados ni los senadores, ni tampoco las asociaciones de cargos electos, detectaron ciertas incoherencias y aberraciones. La reacción solo llegó a posteriori, hasta el punto de que el Gobierno se vio obligado a aplazar un año su aplicación. La nueva dotación consta de tres componentes; si la dotación básica (75 euros por habitante) no suscita debate, no ocurre lo mismo con la de ruralidad y, sobre todo, con la de centralidad. Esta se determina primero para cada entidad intermunicipal, con una cuantía por habitante tanto mayor cuanto mayor sea su población, mediante un método análogo al utilizado para el Fondo Nacional de Nivelación de Recursos Intermunicipales y Municipales (FPIC). Después, la entidad intermunicipal conserva una parte proporcional a su coeficiente de integración fiscal; los municipios que la integran se reparten el resto en proporción a la quinta potencia de su población.
¡Es devastador para los municipios! Si un municipio tiene diez veces más población que otro, recibe cien mil veces más. Tomemos dos municipios de tamaño sensiblemente parecido, de 11 800 y 10 300 habitantes: el primero recibe el doble que el segundo. Este último puede verse entonces tentado a integrarse en otra entidad intermunicipal, de la que sería el municipio más poblado… En un momento en que las entidades intermunicipales se reconfiguran y se agrupan, argumentos puramente financieros corren el riesgo de barrer las lógicas territoriales.